La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, celebró hoy el establecimiento de la financiación de carácter plurianual por un periodo de tres años para lograr una mejor planificación de las políticas laborales. «Eso nos permitirá avanzar de una manera más sólida y estratégica», según reveló en el marco de la LXXIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Sin embargo, apuntó a un modelo de distribución de fondos estatales «ininteligible» después de que la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, anunciara que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez los incrementará en 2019 un ocho por ciento.

En este sentido, Franco puso de relieve que, a pesar de la introducción de elementos correctores por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que tienen en cuenta a las personas en paro y a los beneficiarios de los Centros Especiales de Empleo, el reparto se revela «insuficiente y complejo». Así, llamó al Gobierno a «aplicar la transparencia al máximo posible» teniendo muy presente la sensibilidad de los distintos territorios más allá de los resultados obtenidos por la gestión de los fondos. «Es importante que todos conozcamos las reglas del juego», apostilló.

«Somos la segunda comunidad autónoma en términos de creación de empleo, cuando hace muy pocos años estábamos a la cabeza de la destrucción», recordó Franco resaltando unas políticas laborales que, en su opinión, «deben ser premiadas». «Necesitamos más financiación en Castilla-La Mancha para seguir batallando», aseveró.

La consejera de Economía se comprometió a dotar de estabilidad a la plantilla de orientadores laborales de las oficinas Emplea de la región en el año 2019. A este respecto, confió en que el propio Gobierno de España, a través del nuevo programa ‘Orienta Joven’, sea garante de una figura imprescindible para el asesoramiento en materia de capacidades y competencias profesionales con el objetivo de mejorar su empleabilidad en todo el país. «El Ejecutivo regional apostó por la incorporación de 122 técnicos al inicio de la legislatura, personas capacitadas en el retorno del talento y el autoempleo que nos están dando muy buenos resultados», señaló.

Por otro lado, destacó un Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 que recoge muchas de las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha. Entre ellas, el Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas firmado el pasado 17 de abril de 2018 para dar continuidad al esfuerzo desplegado por el Plan Extraordinario por el Empleo.  «La tasa de paro juvenil ha bajado 15 puntos en esta legislatura», según indicó.

El Gobierno informó a las comunidades autónomas de las órdenes ministeriales en las que está trabajando, que regulan materias de interés sobre formación profesional para el empleo como la puesta en marcha de un catálogo común de especialidades que va a permitir su homogeneización estatal. Durante el encuentro, también se abordó la puesta en marcha del Registro Estatal de Entidades de Formación, un censo ya habilitado en Castilla-La Mancha, con más de 400 entidades inscritas; así como cuestiones sobre la financiación de la oferta formativa a las comunidades autónomas, que permitirán el mantenimiento y la mejora de la calidad de los títulos que se imparten.

«Una nueva etapa». Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, se felicitó porque con este nuevo plan de empleo «se abre una nueva etapa» en el sistema de formación al elevar «de media» el presupuesto un ocho por ciento para una política de empleo enfocada a la juventud, «uno de los colectivos más vulnerables al sufrir los efectos más negativos de la crisis».

Valdeolivas avanzó la posibilidad de disponer de los fondos antes de lo que venía siendo habitual y de una manera más flexible, con «convocatorias abiertas», para que las comunidades autónomas puedan gestionar mejor los recursos y con un horizonte temporal más amplio al tratarse de un plan plurianual hasta 2021, posibilitando «introducir acciones de apoyo al empleo de los jóvenes de manera continuada sin tener que depender de plazos cortos».

Con estos nuevos criterios, la secretaria de Estado se mostró confiada en que las comunidades autónomas puedan «ver resueltas muchas de las deficiencias y distorsiones» que había generado una ley 30/2015 que, pretendiendo ser una herramienta más eficaz y ágil, se había convertido en «un instrumento rígido». «Entramos en una nueva etapa de lucha por el empleo», precisó Valdeolivas, quien valoró este hecho como «un hito histórico que permite hablar de un nuevo escenario». En este sentido, hizo hincapié en un refuerzo de los recursos humanos dentro de los servicios públicos de empleo con 3.000 nuevos efectivos para las tareas de orientación.