El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó ayer a España por los retrasos en la elaboración de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas, que Bruselas considera «esenciales» para lograr el objetivo que se ha fijado de garantizar una buena calidad de las aguas comunitarias con 2015 como horizonte. La Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche considera que el dilema del trasvase al Segura está paralizando la decisión del Gobierno español.Según informa Europa Press, el fallo da la razón al Ejecutivo comunitario, que había denunciado que España sólo había adoptado y publicado un plan hidrológico de cuenca antes de la fecha límite del 22 de marzo de 2010, el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. En este sentido, estima que, salvo en 13 demarcaciones hidrográficas, España ha incumplido el periodo de información y consultas públicas que exige la normativa comunitaria.El portavoz de la Plataforma, Miguel Ángel Sánchez, señaló que el retraso se debe al Tajo, que arrastra al Segura y al Júcar, y lo definió como «el gran escollo» en la planificación. A su juicio, el Gobierno está indeciso sobre el trasvase Tajo-Segura porque su mantenimiento implica incumplir la normativa europea, teniendo en cuenta también la movilización social a favor del Tajo. El colectivo calcula que estará listo a finales de 2013, con tres años de demora.El Gobierno alegó en su defensa que los retrasos se han debido a la complejidad del sistema jurídico e institucional, en lo que respecta al reparto de competencias entre Estado y autonomías. A este respecto, el Tribunal de Luxemburgo recuerda que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su orden jurídico para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos de una directiva.España sostuvo también que hay planes hidrológicos en vigor para todas las cuencas y con objetivos análogos a los fijados por la directiva marco del agua de la UE, aunque se aprobasen antes de esta normativa. La sentencia rechaza el argumento por considerar que España no informó en detalle a Bruselas sobre el contenido de los planes previos para que las autoridades comunitarias pudieran verificar si incluían disposiciones mínimas previstas en la directiva.