La estampa de un numeroso grupo de mujeres de mediana edad armadas con folletos de apoyo a la "Ley de Tierras" no es inusual en ciertas partes de Colombia desde que el reciente Gobierno ha abanderado esta iniciativa para devolver esas más de cinco millones de hectáreas de suelo que usurparon los grupos armados, que se adueñaron del país hace años, con amenazas, asesinatos y toda clase de chantajes. Pero la lucha pacífica de los campesinos y de los desmovilizados aún no ha cantado victoria porque sólo se han devuelto unas pocas miles de hectáreas.
La cara amarga de este proceso desalienta todavía a muchos afectados que conocen de cerca el horrendo destino de algunos de los desmovilizados que reclamaron los bienes a los que tenían derechos. Es el caso de Hernando Pérez Hoyos, reclamante de tierras en Necolí, asesinado el 19 de septiembre de 2010. O el de Albeiro Valdés Martínez, activista entregado a esta causa, asesinado el 11 de mayo de 2011... Una lista negra que ahuyenta a buena parte de los afectados a recuperar sus tierras y, sobre todo, su memoria tras años de refugio en otras regiones, en otros campos, huyendo de las armas de los distintos grupos guerrilleros que han campado sin freno durante muchos años.
El Gobierno de Juan Manuel Santos tiene hambre de cambios desde que se estrenó en agosto porque está inmerso en la tramitación de una ley para la restitución de tierras, la esperanza para organizaciones y colectivos que representan a la población desmovilizada. "Forjando Futuros", una de ellas, estableció hace varios años su sede en Medellín y mantiene distintos proyectos en la zona fronteriza con Panamá. «Estamos trabajando junto a la Asamblea de Cooperación por la Paz en distintas iniciativas para beneficiar a la población vulnerable, a gente afectada por el conflicto armado que vive el país», explica el abogado Gerardo Vega, coordinador de esta organización.
Cincuenta viviendas para desmovilizados, pozos sépticos para garantizar medidas higienico-sanitarias para la población que retorna a la zona rural, una biblioteca pública, mejoras en las viviendas y una unidad de neonatales en un hospital engrosan una larga lista de las iniciativas sociales encaminadas a mejorar las condiciones de vida de buena parte de los desplazados. Todo ello gracias a la colaboración de distintas delegaciones de ACCP, especialmente en Castilla-La Mancha, a través de distintos ayuntamientos.
«Con el apoyo que nos ha llegado desde Barcelona también hemos tenido la oportunidad de representar judicialmente a 300 víctimas que han sufrido el asesinato de algún familiar». Vega relata la conflictividad de su país con cierta amargura a pesar de que haya quien prefiera cerrar los ojos y asegurar que Colombia vive una época de posconflicto, «pero sabemos que no es así» porque todavía continúan operativos distintos grupos -Las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y las autodefensas- a pesar de los acuerdos que firmó el anterior presidente, Álvaro Uribe. Con ellos se consiguió la desmovilización de los «principales jefes de los grupos», la condena de muchos de ellos y la colaboración de otros para devolver a las familias los cuerpos de esos miles de asesinados enterrados con urgencia en distintas fosas comunes. De momento, según Vega, se han logrado identificar cerca de 1.000 cadáveres.
La justicia. "Forjando Futuros" se encomienda desde hace tiempo a la restitución de tierras. «En Colombia han sido usurpadas más de cinco millones de hectáreas, un territorio como el de Suiza», apunta Vega. Confía en que la nueva legislación sobre la que trabaja el Gobierno termine de dar sus frutos y que los tribunales agilicen los procedimientos, pero es consciente de que las cifras aún son muy pobres: «De 3.000 casos, sólo se han emitido tres sentencias a lo largo de cinco años».
De momento, Vega asegura que el colectivo lleva la representación de 300 víctimas en Medellín, ciudad en la que se cuentan 120.000 desplazados. «El ritmo es muy lento, entre otras cosas, porque la administración de Justicia no está preparada para acoger los casos de miles de personas, pero existe también la vía administrativa que puede complementar este proceso». Este activista y otros muchos como él están volcados con una justicia social incipiente abonada por las buenas palabras del Gobierno para la redacción de esa "Ley de Víctimas", que incluirá la devolución de bienes, pero aún queda bastante trabajo por delante.
Las trabas administrativas y judiciales se mezclan con el miedo de los desplazados. «Ayudamos a constituir una asociación de reclamantes de tierras, pero asesinaron a ocho personas durante 2008». Vega no encuentra sentido a esta barbarie, pero espera que las garantías que ofrece el Gobierno tras la obtención de los derechos de los reclamantes, entre ellas, escoltas, frenen los asesinatos. Y reconoce que «había más temor hace seis meses con el anterior Gobierno porque no permitió que pasará una ley de víctimas». A Vega no se le olvida un acto al que invitaron al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para tratar el tema porque esa noche apareció asesinado uno de los asistentes.
Esta organización, que se aferra a «un optimismo moderado», le ha pedido al Gobierno que «desestructure» los grupos armados con fuerza aún en Colombia, que las organizaciones que trabajan en este terreno y las víctimas puedan participar en el diseño de las políticas y se hagan públicos los nombres de los testaferros como se hace con el de los narcotraficantes para hacer justicia.
Vega sabe que reclamar «es un riesgo», pero confía en la restitución y en compensaciones económicas para quienes no quieran cultivar la memoria en el suelo familiar. También espera que Restrepo proclame con fuerza su famosa frase: «Señora, este título no es una dádiva del Gobierno, es su derecho».