El Foro de Infraestructuras (Foro PPP) propone que el Estado asuma, a través de una agencia pública, la media docena de autopistas de peaje, como la que une Madrid y Toledo, que actualmente están al borde de la quiebra por la caída del tráfico y los sobrecostes de expropiación que sufrieron durante su construcción. Entre estas vías en riesgo de quiebra se encuentra la AP-41 Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña.

El Foro PPP es una asociación multisectorial que representa a todas los agentes que participan en el sector de las concesiones de infraestructuras y servicios públicos. Actualmente está integrada por unas cuarenta empresas y entidades de los sectores financiero, constructor, consultor, ingeniero, legal y servicios.

La eventual nueva agencia nacional de autopistas iría pagando a los bancos acreedores de las vías con los ingresos que obtuviera de su explotación. El resto del pasivo -deuda- de estas infraestructuras quedaría garantizado por el Estado.

Respecto a las sociedades que actualmente tienen la concesión de las autopistas, en su mayor parte participadas por grandes constructoras y entidades financieras, podrían quedarse con las labores de mantenimiento y gestión de las vías, según explicó el presidente de esta organización, Pedro Michelena, en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

A medio o largo plazo, una vez que las vías mejoraran y fueran rentables, la posible nueva agencia nacional podría proceder a su venta, tal como ya sucedió en su día con la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Un grupo de autopistas de peaje negocia actualmente con sus bancos acreedores la ampliación de los plazos de refinanciación de deuda con el fin de ganar tiempo en tanto el nuevo equipo del Ministerio de Fomento diseña una posible solución a sus desequilibrios económicos y financiero. Todas ellas suman un pasivo de alrededor de 3.000 millones de euros.

En el caso de la Madrid-Toledo, la concesionaria está pendiente de que Fomento le pague una compensación de 100 millones de euros porque no se cumplió la previsión de que la vía llegara a Córdoba, tal y como estableció el Tribunal Supremo tras un pleito. La AP-41, que supuso una inversión de más de 400 millones de euros, sólo recibe una octava parte de los ingresos previstos cuando se inauguró, tiene un tráfico de apenas 2.000 vehículos diarios, menos de la décima parte que se esperaba, y unas pérdidas acumuladas de 30 millones sólo hasta 2010.

La R-4 Madrid-Ocaña vive una situación similar. Sus gestores han conseguido de la banca una prórroga para renegociar el pago del crédito de 550 millones usado para su construcción. Este plazo vence a finales de mes.

IMPULSAR LA INVERSIÓN PRIVADA.

El Foro de Infraestructuras considera precisamente necesario solucionar este y otros problemas que ha presentado el sistema de concesión de obra pública en el pasado para poder impulsar la necesaria colaboración del capital privado en la promoción de infraestructuras públicas.

Con este fin, esta asociación ha elaborado un documento de propuestas que prevé elevar al Gobierno durante este mes de septiembre. Entre ellas, sobresale la de constituir una Oficina Pública de CPP (Colaboración Público Privada) dentro del Ministerio de Hacienda, según el director gerente del Foro, Miguel de la Fuente. Otras de sus propuestas pasan por buscar alternativas a la financiación bancaria con emisiones de bonos y títulos de deuda de las infraestructuras) y garantizar la estabilidad jurídica con un Ley de Captación de Financiación.