Todo trabajador defiende su puesto de trabajo antes de quedar en el paro y, más allá de polémicas, los 46 operarios de la gravera de La Rinconada no iban a ser una excepción.
Tras conocer por boca de su empresario el cierre de la empresa, al no poder aguantar el pulso con el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán después de que se ordenara la clausura de la actividad en enero, los trabajadores van más allá de su enfrentamiento con la Plataforma vecinal opuesta a la explotación y apuntan directamente a la alcaldesa pueblana. Acusan a Araceli Ladera de dictar el cierre de su compañía mientras deja abiertas las demás graveras del municipio (que suman 400 empleos) aunque podrían incurrir en los mismas irregularidades que se achacan a la de La Rinconada, falta de licencia de actividad.
Un portavoz de los empleados anunciaba su disposición de luchar contra lo que consideran como un trato discriminatorio hacía su compañía, García-Rivera SL, y denunciaban la presencia de una «mano negra» detrás del cierre. Para impedir esto, han pedido ayuda a los sindicatos UGT y CCOO y han solicitado a la Subdelegación de Gobierno permiso para manifestarse mañana ante la Casa Consistorial pueblana.
Lo primero que los empleados quieren desmentir es que la alcaldesa haya actuado por orden del área de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado.
Para ello, presentan la respuesta dada por este órgano a un escrito presentado por el dueño de la gravera. En esta respuesta, aclara que «no se ha dado ninguna orden de clausura y precinto de la planta puesto que dicha orden es una resolución puramente administrativa acordada por el Ayuntamiento». La Fiscalía añade que, aunque tenga el resto de permisos, la gravera precisa esa licencia municipal.
Ante la alegación del empresario de que otras graveras de La Puebla están en su misma situación, la Fiscalía responde que «no puede aceptarse una situación de ilegalidad que se base en la existencia de otras similares».
Por ello, «ante la afirmación que se hace en su escrito de que existen otras graveras que carecen de licencia municipal y de otras autorizaciones», la Fiscalía anuncia que investigará estos hechos «y los motivos de inactuación ante ellas».
Los operarios aclaran que no desean problemas para las demás graveras pueblanas pero reclaman el mismo trato para la suya. Así, denuncian que la alcaldesa, en noviembre, promulgó una ordenanza que facilita la legalización de las demás dejando fuera a la suya, pese a ser la más reciente y cuya apertura en 2007 se basa en unos trámites que llevaron los cuatro años anteriores.
Sorprendidos con el desenlace.
Los empleados confirman su sorpresa tras producirse este cierre, y reconocen que en estos dos años la compañía debió contrarrestar las acciones de la Plataforma para instar al cierre. Sin embargo, quieren dejar claro que la actividad sí tiene una distancia suficiente de las casas de La Rinconada -recuerdan que no usan explosivos- y que sus camiones no cruzan la pedanía. Además, añaden que el empresario, cuando inició la actividad, ofreció ensanchar la carretera para que el tráfico de los vecinos y los camiones fuera compatible, pero que esta oferta no fue aceptada por los opositores, a los que consideran una minoría dentro de la pedanía.
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