Trabajadores de la gravera ubicada en La Rinconada protagonizaron ayer una protesta en La Puebla de Montalbán tras confirmarse el cierre definitivo de esta explotación. Este cierre llega tras dos años de polémica con los vecinos de esta pedanía pueblana, que denunciaron esta actividad por su cercanía a su pueblo y vulnerar la legislación medioambiental. Esto llevó a la clausura de la gravera por orden municipal en enero, tras recibirse un requerimiento de la Fiscalía General del Estado.
Según parece, los trabajadores -cerca de medio centenar entre operarios de la gravera y camioneros que trasladan el producto a las zonas de obra- decidieron movilizarse tras informar el empresario, José Luis García-Rivera, del cierre de la empresa al no poder afrontar sus problemas legales. Al ser por una causa de fuerza de mayor, la extinción de los contratos de la compañía estarían sujetos a una indemnización menor que la de despido improcedente.
Y la protesta de los empleados empezó sobre las once de la mañana ante la Casa Consistorial, donde intentaron ser recibidos de manera infructuosa por algún responsable municipal. Hay que recordar que la situación de esta gravera ha puesto en un brete al Consistorio pueblano, que teme que los cierres por incumplimientos medioambientales puedan extenderse al resto de explotaciones de este tipo existentes en el término municipal. Estas graveras suman más de 400 puestos de trabajo. De hecho, este medio no pudo ayer contactar con la alcaldesa pueblana, Araceli Ladera, como viene siendo habitual desde que dictó la clausura de la gravera de La Rinconada.
Tras su protesta ante el Ayuntamiento, los empleados se dirigieron al lugar de trabajo del presidente de la Plataforma de Vecinos de La Rinconada opuestos a la gravera, en una empresa de automóviles en La Puebla. Su objetivo era recriminarle la actuación del grupo vecinal que ha llevado al cierre de la empresa. Sin embargo, esta persona no estaba en el lugar de trabajo, provocándose una situación tensa en el taller. Esto obligó a la intervención de Policía Local y Guardia Civil para evitar enfrentamientos.
Rechazo a las presiones.
Tras este suceso, fuentes de la plataforma reprochaban a los trabajadores su actitud, por llegar a «la presión personal» contra uno de sus miembros, posiblemente inducidos por el propio empresario que les quiere despedir.
Desde la plataforma señalan que la lamentan que los empleados de la gravera vayan al paro, pero recuerdan que incluso han ofrecido soluciones para que el empresario siga su actividad. Por ejemplo, que traslade la extracción a otro punto de su finca, de más de 500 hectáreas, para que su actividad sea menos molesta. Por ello reiteran que el único responsable de estos despidos es el empresario, preguntándose por los beneficios que ha obtenido explotando una gravera sin cumplir los requisitos legales para ello.
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