Decíamos la pasada semana que la Justicia ha de aplicarse sin privilegios, y que nadie está exento de hacer frente a la exigencia de responsabilidades ante los jueces. El imperio de la ley, la independencia de la Justicia, y también, desde luego, la presunción de inocencia, son garantías tan esenciales para que podamos hablar de un sistema democrático, como lo son las libertades políticas o las elecciones libres en un contexto de pluralismo político. Por ello nadie está exento de ser procesado cuando judicialmente se considera que los indicios en su contra son suficientes para sostener una imputación, aunque la presunción de inocencia se mantiene mientras no haya una condena firme.

Es por esta razón por la que el juez Baltasar Garzón hace frente a diversos procesos. Hay que respetar, desde luego, su presunción de inocencia, pero dado que los procesos están iniciados, es importante aclarar -sobre todo en algunos países latinoamericanos, en los que muchos le consideran algo así como el gran héroe de los derechos humanos y consideran inexplicable que la Justicia le pueda estar exigiendo cuentas- que, sea cual sea el resultado de estos procesos, el que fuera juez de la Audiencia Nacional no fue acusado porque sus ideas estén más o menos en contra de un partido determinado, sino por -presuntamente- ordenar escuchas en las comunicaciones entre cliente y abogado y utilizarlas en el proceso. Ni tampoco ha de hacer frente a una acusación por tratar de castigar los crímenes del franquismo, sino por -también presuntamente- ignorar una Ley de Amnistía (con daño para la seguridad jurídica) e intentar procesar por vía penal a personas evidentemente fallecidas, en un proceso para el que carecía de competencia. Del mismo modo que no se le acusa de cobrar conferencias y cursos, sino de hacerlo (en cuantía aparentemente muy significativa) con fondos procedentes de una entidad a la que estaba investigando, sin abstenerse en ese proceso. Es importante aclarar todo esto, porque en ello va la credibilidad de nuestro Poder Judicial. Porque en el Estado de Derecho, el fin no justifica los medios, y por muy deseable que algo sea para alguien, ello no puede convertirse en el objetivo particular de un juez. Porque no es correcto que use «triquiñuelas legales» un juez que actúa en nombre de una Justicia que debería actuar con los ojos vendados…