A la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Castilla - La Mancha, recientemente creada, le gustaría haberse dado a conocer a la sociedad por otros motivos, pero las circunstancias obligan a salir al paso de las recientes declaraciones habidas con relación a la destrucción de unas tumbas en San Lázaro, solar donde se proyecta erigir las instalaciones del Quixote CREA.
A este respecto queremos recalcar que toda destrucción de restos arqueológicos es una pérdida de carácter irreversible y que, naturalmente, parece lógico y necesario que se arbitren medidas compensatorias. En la línea aducida por el grupo de 22 arqueólogos, estamos de acuerdo en que si se ha transgredido la Ley se inicie un expediente sancionador por la Administración competente, sin perjuicio de la eventual investigación penal del posible delito.
De todos modos, nos parece obligado aprovechar la ocasión para manifestar que hechos como el de San Lázaro no son tan aislados como nos gustaría, y que ello se debe al contexto generalizado de precariedad laboral en el que se viene desarrollando nuestra profesión. Detrás del desafortunado término de «mercadeo» con el que el alcalde de Toledo se refiere a no sabemos qué situaciones, lo que hay realmente es una la ausencia de marco regulador de las actividades arqueológicas. La Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha es una de las más antiguas del territorio nacional y por ello la más obsoleta, pues el contexto y la problemática en los que se desarrollaba la Arqueología hace 30 años están muy lejos de la realidad actual. La Administración carece de un cuerpo de inspectores de Arqueología, del mismo modo que no existe un Reglamento de Actividades Arqueológicas, algo ya común en el resto de Comunidades del territorio nacional. Sin ir más lejos, en Andalucía se han legislado hasta tres Reglamentos en los últimos años.
Estas carencias propician situaciones ambiguas y graves desequilibrios en los que el afectado es siempre el propio Patrimonio, ya que no hay unas «reglas del juego» transparentes y equitativas para profesionales de la Arqueología o promotores. De este modo las exigencias varían de unas provincias a otras, de unos técnicos a otros y de unos Directores Generales de Patrimonio a otros. Hace 1 año, en una reunión previa con la Dirección General de Patrimonio, desde la Sección de Arqueología, que por entonces se estaba formando, expusimos éste y otros problemas que acucian a nuestra profesión, sin que al presente hayamos obtenido respuesta.
La Sección de Arqueología se ha creado para defender los intereses profesionales y contribuir a la ordenación del ejercicio de la Arqueología, estableciendo un diálogo con las instituciones para que, tanto la profesión, como el Patrimonio arqueológico, salgan beneficiados. A pesar de que la Arqueología como profesión en Castilla-La Mancha tiene más de 20 años de trayectoria, éste es el primer órgano de representación a nivel regional que se constituye. La Junta Directiva electa está integrada por Doctores y Licenciados que suman muchas décadas de experiencia en el ejercicio profesional de la Arqueología, como arqueólogos liberales y otras áreas, como Educación, Museística, etc.
Aprovechamos estas líneas para ofrecer nuestra experiencia y animar a debatir de forma transparente y con ánimo de resolver los problemas que tiene planteados desde años atrás nuestra profesión, en aras de una mejor conservación y estudio del rico legado que nos dejaron nuestros antepasados. Animamos, igualmente a los arqueólogos a formar parte de nuestra Sección, pues juntos nuestros esfuerzos darán mejores frutos.