Opinión

31/07/2010

Editorial

Mejorar la defensa y protección de los consumidores

latribunadetoledo.es

Castilla-La Mancha se ha caracterizado desde hace muchos años por sus políticas en defensa de los consumidores. Precisamente la primera oficina de defensa del consumidor de España fue la de Albacete y desde entonces la mismas han ido creciendo poco a poco. Y es que se ha ido realizando un trabajo serio, con la ayuda de la administración regional, y que aún sigue produciéndose. En este sentido el Instituto de Consumo ha anunciado la concesión de las ayudas anuales que el Gobierno de CLM destina a las entidades locales para que desarrollen políticas de protección y defensa de los derechos de los consumidores. El montante total de esta partida asciende a 2,5 millones que se distribuyen entre inversiones, mantenimiento y funcionamiento de las oficinas municipales de información al consumidor, de las 20 juntas arbitrales, los ocho centros de formación al consumidor, así como para diversas actividades de protección y defensa de los derechos del consumidor en CLM.
Hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha cuenta con 146 oficinas municipales de información al consumidor que atienden de manera directa a más del 85 por ciento de la población de la región, con un ratio de 14.255 personas atendidas por oficina, cuatro veces menos que la media nacional, situada en 54.000 ciudadanos por oficina, lo que es un indicativo de calidad del servicio que se presta en la comunidad autónoma en este ámbito.Y para ello se cuenta con campañas de informativas y divulgativas, programas de formación y educación; labores de inspección y control del mercado, y puesta en marcha de proyectos específicos en materia relacionadas con la defensa y protección del consumidor castellano-manchego. Hay que destacar el esfuerzo que está realizando la Junta de Comunidades a pesar de la situación económica, para mantener las ayudas a las entidades locales que prestan un servicio cercano y profesional a los consumidores y usuarios de nuestra región.
Pero detrás de todo ello se cuenta un capital humano importante, muy importante, y son esas 300 personas de toda Castilla-La Mancha que se dedican a trabajar para que los consumidores de toda nuestra comunidad puedan seguir contando con los elementos necesarios para que sus derechos no sean pisoteados. Es una labor difícil, pero que en Castilla-La Mancha se ha sabido superar todas esas dificultades, y hemos dado ejemplo al resto de las comunidades. Lo importante es seguir con esa misma línea de trabajo para no perder muchos de los objetivos conseguidos.    

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