Valentín Velasco
Con el derrumbamiento de otro de los bloques de la famosa ‘L’, viviendas sociales ubicadas en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia, el alcalde da un paso decisivo hacia su objetivo de acabar con los ‘guettos’ en la ciudad; así lo dijo, a pie de derrumbe, y trasladó su idea a otros asentamientos, como el ‘histórico’ del Cerro de los Palos. Desde su condición de militante de un Partido de izquierdas, el PSOE, apeló a su conciencia social y al malestar que le produce el hecho de que haya personas viviendo en condiciones de auténtica miseria, sobre todo, recalcó, tratándose de niños. En este orden de cosas no podemos hacer abstracción de lo complicado que ha resultado este proceso, donde las Administraciones competentes, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, no siempre han sido capaces de conciliar estrategias para poner fin a una situación que, a todas luces, se les fue de las manos hasta desembocar en una convivencia insostenible entre ‘okupas’, propietarios y el resto del vecindario colindante.
Luego tampoco ayudó lo más mínimo una de las resoluciones judiciales que, en un momento dado, impidió el desalojo de los ‘ilegales’. Afortunadamente parece que la cordura se impone y, finalmente, se está en vías de solución empezando por lo más importante: arrasar de cuajo los edificios donde se radica el problema. Y consustancial con este proceso sale a la palestra, como dije, el ‘quiste’ del Cerro de los Palos, donde las dificultades se concatenan, pues empezando por incierta titularidad de los terrenos, la llegada de nuevos ‘residentes’, y los problemas de escolarización de los pequeños, todo ello forma un caldo de cultivo viciado que se retroalimenta a si mismo.
Pero si en el caso del Polígono ya se ha logrado, el siguiente paso ha de ser dignificar la vida de las personas que habitan en dicho asentamiento chabolista; bien que ello sea a su pesar, pues no podemos perder la perspectiva de cómo son las familias, que allí se asientan, las que, en la mayoría de los casos, se resisten a abandonar su ‘hogar’, si es que se puede llamar así; sobre la base, en algunos casos, de intereses inconfesables y, en otras, a una forma de vida consustancial con la etnia gitana, cuyo modelo de vida, para qué engañarse, dista mucho de la que entendemos los ‘payos’. Pero el sistema de convivencia, y la legalidad que establece el Estado Social y de Derecho, impone otra forma de cubrir las necesidades básicas y, sobre todo, la preservación de los derechos inherentes a los menores, mandato que no se está cumpliendo y cuya responsabilidad directa recae en los padres, siendo los Poderes Públicos quienes han de actuar, de manera subsidiaria, en el caso de que estos vulneren los derechos básicos de la infancia. Por consiguiente, el alcalde no ha de cejar en este empeño que, creo, compartimos todos los toledanos.
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