La Junta de Personal del Ayuntamiento asegura que la ampliación de horario establecida «unilateralmente» por el equipo de Gobierno del PSOE supone «una rebaja implícita del 7%» de sus retribuciones y, además, se fundamenta en una norma estatal «que no es de aplicación en el ámbito de la Administración Local». En un comunicado, los representantes de los trabajadores califican la decisión de «disparate jurídico» y lamentan la falta de diálogo por parte del alcalde y sus concejales si bien se muestran dispuestos a realizar una «jornada ampliada» y a plantear otra serie de «medidas de ahorro en materia de personal».

Este órgano de representación de los trabajadores entiende que la salida a la «difícil situación económica» pasa por el diálogo y la responsabilidad. En cuanto al primero dicen que los equipos de Gobierno del PSOE «se han caracterizado por la falta de diálogo» con los empleados municipales ignorando las peticiones de convocatoria de la Mesa General de Negociación y omitiendo su función de consulta.

Por otro lado afirman que la Dirección General de Administración Local del Ministerio de Política Territorial «ha reconocido» que «no es de aplicación» la norma en la que el Ayuntamiento de Toledo se basa para ampliar el horario de los funcionarios y señalan una de las entidades que ha renunciado a aplicar el decreto es la Diputación de Toledo.

Por su parte desde el Ayuntamiento el concejal portavoz, Rafael Perezagua, explica que ya se ha dado cuenta a la Junta de Gobierno de los nuevos horarios que ahora se comunicarán a los jefes de servicio para su entrada en vigor. «No hay marcha atrás. A este asunto ya le hemos dado carpetazo aunque estamos dispuestos a dialogar».

En este sentido el equipo de Gobierno remitía ayer una nota en la que se declara «abierto» a hablar con los funcionarios para aplicar la ley si bien, en contra del criterio de la Junta de Personal, explican que los servicios jurídicos municipales han emitido «informes» en los que concluyen que la semana laboral de 37,5 horas «es de obligado cumplimiento en la Administración local teniendo en cuenta como principio básico que la ley es igual para todos».