Los opositores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos probablemente no van a retirar ninguno de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC), ni la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), hasta que el Ministerio de Educación no haga realidad su intención de eliminar esta materia de currículo escolar.
Así lo ha afirmado el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, en declaraciones a Europa Press. Esta plataforma ha sido la encargada de canalizar muchos de los recursos judiciales de los padres de alumnos que consideraban que la materia, que comenzó a impartirse en el curso 2007-2008 en varias comunidades autónomas, tenía un carácter «adoctrinador».
Desde su implantación, los opositores presentaron unas 3.000 demandas judiciales ante los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, cuyas resoluciones fueron dispares. En la provincia de Toledo, los objetores llegaron a ser 159, según datos de las propias organizaciones que los coordinaban. En febrero de 2009, el Tribunal Supremo declaró el carácter obligatorio de EpC y no reconoció el derecho a la objeción de conciencia. A partir de entonces, todas las demandas favorables fueron tumbadas por la jurisprudencia del Alto Tribunal. No obstante, varias familias presentaron recursos de amparo ante el TC, que fueron admitidos a trámite, algo «muy importante», según Urcelay, que añade que «con las últimas reformas en el Constitucional, se admiten a trámite muy pocos recursos y, estadísticamente, cuando se admiten, hay muchas posibilidades de que la sentencia sea favorable».
Desde esta plataforma decidieron, tras la sentencia del Supremo, llevar el caso directamente a Estrasburgo, con el objetivo de denunciar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero «ponía impedimentos a la libertad de conciencia». Este proceso va a continuar, pese a que el Ejecutivo elimine la asignatura, aseguran desde Profesionales por la Ética.
Una de las cuestiones que «más preocupa» ahora es, a juicio de Urcelay, «la normalización de la situación académica de los miles de alumnos que objetaron a EpC, una problemática que debe quedar resuelta satisfactoriamente». Profesionales por la Ética trasladó en su momento esta demanda al ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien ya ha aceptado reunirse con representantes de esta entidad en fecha próxima.