f.f. / Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha recibido respaldo judicial al cobro del IBI urbano por lo terrenos recalificados a urbanizable dentro del Plan de Ordenación Municipal. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo considera «ajustada a derecho» la desestimación de los recursos decretada por parte del Tribunal Económico Administrativo municipal que avala de esta forma la correcta aplicación de la ponencia de Catastro.

En este sentido, la concejal de Hacienda, Paloma Heredero, confirmó ayer que el Ayuntamiento está dispuesto a patrocinar una revisión de los valores catastrales de esos terrenos urbanizables promoviendo una nueva ponencia técnica para «adaptarlos» a los valores de mercado actuales, aunque insiste en que es competencia del Catastro.

Heredero recuerda que ha sido el propio alcalde quien ha admitido que la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente ese suelo a consecuencia de la crisis puede causar graves perjuicios económicos a sus propietarios y por lo tanto ha pedido al Catastro una actualización de valores que luego repercutirá directamente en la liquidación del IBI que pasará el Ayuntamiento.

Los propietarios afectados, que han constituido una plataforma para recurrir la ponencia del Catastro, valoran en 24 millones de euros lo que han pagado por IBI en esto últimos cuatro años.