Lleva tiempo comentando en esta campaña electoral que el PSOE tiene partido. ¿Por qué tantas explicaciones?

El PP está intentando crear la imagen de que el PSOE está a medio gas e intenté en el mitin de hace unos días decirle al candidato Rubalcaba que en Toledo se mantiene una buena actividad, que hay partido, ideas, principios y la gente nos pide que pongamos de manifiesto la ideología y los principios socialistas. Ahí estamos.

El área de Asuntos Sociales es una de las que más preocupan a su formación, dispuesta a pelear porque no haya recortes según están comentando en campaña.

La batalla democrática tiene que ser limpia, pero los hechos nos avalan durante muchos años. Los grandes avances sociales de este país se han dado durante gobiernos socialistas y después se han consolidado con la alternancia que ha habido de los diferentes partidos, pero el PSOE siempre ha sacado adelante leyes de gran calado social y lo ha demostrado en todas las etapas en las que ha gobernado. Estamos en un momento crucial en el que la crisis pone encima de la mesa que hay que replantearse muchas cosas y creo que el PSOE tiene que seguir abanderando la defensa de la política social con mayúsculas, la salud, la educación, los servicios sociales, la Ley de Dependencia y las pensiones. Ahí tenemos mucho que decir y defender porque no se pueden cuestionar los grandes avances.

¿El PSOE echa de menos en esta campaña debates entre los distintos partidos?

Me parece fundamental conocer todo el abanico de opiniones de los partidos políticos en cosas básicas y puntuales que preocupan a los ciudadanos. Estamos en una era de comunicación global en la que no se puede negar que participen todos, pero también es cierto que estamos con la imposición de los propios medios de las fuerzas políticas mayoritarias. Y dar a los ciudadanos la posibilidad de contrastar es muy importante. En las últimas elecciones autonómicas y municipales hubo una negativa rotunda por parte del Partido Popular, pero algunos partidos sí estuvieron dispuestos.

¿Entiende el desencanto ciudadano hacia la política? ¿Ha aprendido algo el PSOE de la situación?

Sí. El desencanto ciudadano, a veces, responde a un grado de indignación que comparto, y conduce a una reacción positiva de aportar y demandar. Pero el desencanto ciudadano hacia los representantes políticos se produce por desapego, porque, a veces, no sabemos acercarnos a los ciudadanos y por una ola de descrédito y desacreditación constante en muchos medios de comunicación. Y suelen ser medios muy radicales, muy extremos, que no creen en la política y no van a dar una visión buena de ella porque no la necesitan. Sin embargo, la política es necesaria como cauce de participación ciudadana y yo invito a la gente a que se acerque y participe en política.

Tampoco uno no se puede creer todo lo que ronda por internet porque puede contener mucho veneno. No es cierto que yo tenga una tarjeta para pagar comidas, tampoco que tenga coche y conductor. Ni es cierto que tribute un 4% o que no pague las multas de tráfico. Y los que no necesitan la política son los que tienen este interés.

Se puede plantear la financiación de muchos servicios, pero el PSOE siempre va a tener como prioridad mantener los servicios públicos y el abanico de servicios sociales, independientemente de que haya que replantearse algunas cosas en la economía. No queremos ni un paso atrás.

El PP lleva casi cinco meses gobernando en Castilla-La Mancha y el PSOE se empeña en que la Ley de Dependencia está cayendo en picado. ¿No exageran?

Juego con cierta ventaja en el conocimiento de la Ley de Dependencia porque me tocó trabajar toda la fase previa de la ley y su puesta en marcha en Castilla-La Mancha. Y he ido siguiendo su evolución a pesar de que he estado en el Congreso de los Diputados y lo que se percibe y trasladan los ciudadanos es una gran preocupación por la evolución de la ley. Hay un parón claro en el reconocimiento de nuevos beneficiarios y también en la consolidación de todos aquellos que tienen reconocido un grado de nivel pero no están disfrutando de los beneficios de la ley.

Ahora mismo no manejo más que las estadísticas del Imserso, pero tengo mucho contacto con los ciudadanos y nos trasladan sus inquietudes y preocupaciones. Incluso la asociación de gerentes de Servicios Sociales, que en todo momento nos ha dicho que desarrollábamos muy bien la ley, nos traslada esta preocupación porque ven un frenazo importante. También nos llegan ecos que apuntan que se están replanteando determinados servicios y compatibilidades entre servicios y prestaciones que nosotros hicimos compatibles porque entendíamos que así se daba mejor respuesta.

La Ley de Dependencia lleva ya bastante rodaje, ¿cree que necesita alguna modificación?

Sí, claro. Hay que revisar el sistema de baremación, algo que se está haciendo desde el Imserso. Una vez detectadas las anomalías hay que plantearse también la posibilidad de recortar tiempos y de hacer ajustes, pero para ofrecer servicios y no tantas prestaciones porque la evolución de la implantación de la ley ha hecho que ante una situación precaria familiar, la gente prefiera tener una persona mayor en casa recibiendo la prestación que el hecho de recibir servicios. Pero los grandes dependientes necesitan más servicios que prestaciones y para ello se exigen una serie de ajustes. Además, es una ley dinámica que puede modificarse cada cierto tiempo.

Los sindicatos llevan semanas denunciando la problemática de los profesionales que atienden centros relacionados con la dependencia porque temen quedarse sin trabajo antes de que acabe el año. ¿El PSOE ha tenido oportunidad de tratar el tema con el PP?

Es que el PP lo que hace es negar la evidencia. Los centros prestadores de servicios de la dependencia apenas han cobrado el primer pago del año, incluso algunos ni eso y supone que muchos profesionales prestan servicio y todavía no han percibido su sueldo. La propia asociación de residencias de la tercera edad está poniendo la voz de alarma por la falta de pago, lo que provoca que se tambalee el sistema. Hay que garantizar que el que presta servicios cobra por prestarlos. Por ejemplo, la Ayuda a Domicilio es un servicio que prestan muchos ayuntamientos, directamente o a través de una empresa, y tienen que cobrar porque este retraso provoca que las administraciones pongan sus propios fondos por el retraso.

El PSOE le hace llegar todos estos temas al PP, pero no ofrece respuestas. No se han publicado todavía los presupuestos, pero cuando sepamos la partida de Ayuda a Domicilio para los ayuntamientos podremos decir algo más sobre los recortes. Aun así, sabemos que muchos usuarios que tenían asignadas una serie de horas de Ayuda a Domicilio están teniendo menos horas de las asignadas.

El programa electoral del PP acusa al PSOE porque la estrategia de empleo para discapacitados que se puso en marcha en 2008 no ha servicio para nada.

En primer lugar ellos dicen que las cifras previas a la ley no se ajustan a la realidad, pues claro, porque había gente que no había solicitado nunca un servicio y al aprobar la ley surgieron nuevos potenciales beneficiarios. El empleo de las personas con discapacidad era un reto importante. Pueden realizar una serie de trabajos con una previa adaptación y se había hecho un trabajo muy intenso con distintas organizaciones. Se ofrecía formación, adaptación de los puestos de trabajo... Pero los propios profesionales están muy preocupados porque han tenido que suspender programas. Y si no hay formación, difícilmente las personas con discapacidad pueden acceder a un puesto de trabajo. Además, los centros especiales de empleo sufren la misma problemática y es necesario protegerlos.

¿Qué le parece que el PP diga que la Ley Contra la Violencia de Género no ha servido para nada porque las estadísticas siguen reflejando un gran número de mujeres asesinadas?

Me parece una respuesta muy fría y muy alejada de la realidad porque si algo ha conseguido la ley, y en Castilla-La Mancha se ha visto porque fue la primera región que la aprobó, es que las mujeres denuncien. Hay cada vez más aunque no son suficientes. Pero acompañando a la denuncia de la situación hay que llevar a cabo muchas campañas de sensibilización aunque se proteste del gasto. Si la gente tiene información y sabe donde tiene que acudir, se denuncia. También es necesario un programa de acompañamiento y protección y hay que garantizarlo en todo momento, pero siempre que haya una denuncia previa. Por tanto, hay que insistir mucho y tiene que haber una cadena de recursos para que las mujeres se sientan apoyadas y cuando denuncien no estén en la más absoluta penuria.

Además, los centros de Atención a la Mujer tampoco están cobrando y hay que solucionarlo porque una mujer necesita protección y acompañamiento para que no se sienta sola.

¿Y que el programa electoral del PP se proponga la entrada de inmigrantes cualificados dando a entender que el PSOE le ha abierto la puerta a todo el mundo?

Sí, lo he leído. No es cierto que todo el que llama a la puerta de una embajada tenga un visado para venir a trabajar. La propia Ley de Inmigración limita las condiciones de la población inmigrante, pero el PP pretende ir un paso más allá y me gustaría que nos dijera qué condiciones se le ponen a los españoles que van a otros países. Y, sobre todo, a nadie se le hace un examen sobre el conocimiento de cultura.

Cuando existe una propuesta de trabajo tienen su licencia para trabajar y residir, algo que está en la línea de los países europeos. Pero es cierto que hay una ola conservadora en Europa que cada vez intenta ser más restrictiva. Tendrían que reflexionar porque es cuestión de ideología y moralidad porque cuando uno conoce en qué condiciones viven en determinados países entiende por qué vienen. Es humano buscar una mejor vida. Y también es cierto que tenemos que poner límites, pero no se puede criminalizar al inmigrante.

A pesar del avance de las normativas sobre conciliación de la vida laboral y familiar parece que la ciudadanía no se siente muy respaldada todavía por las condiciones del sector empresarial.

Todavía hay mujeres que ocultan el embarazo cuando se presentan a una entrevista de trabajo. Aquí la ley dice que no se puede despedir a una mujer por el hecho de estar embarazada, pero la realidad dice que se despide. Es una falta de conciencia de los propios empleadores y en la ley lo puede poner con letras de oro, pero algunos no son capaces de pensar que cualquier mujer que se presenta a un puesto de trabajo tiene la posibilidad de ser madre y puede demostrar ser una excelente profesional. Además, hombres y mujeres deben compartir determinadas funciones. El permiso de paternidad era rarísimo al principio, pero cada vez se va cogiendo más y se ve normal, aunque todavía hay empresas que fruncen el ceño cuando un trabajador pide el permiso de paternidad y cuando una mujer dice que está embaraza. Hay que trabajar para cambiar la mentalidad, pero no dará resultados si no empezamos a educar a nuestros hijos en igualdad.

¿Por qué todos los partidos políticos abanderan el tema de las pensiones en época electoral?

Lo de las pensiones hay que creérselo y no basta con ser abanderados en campaña electoral. En ésta vivimos una circunstancia especial porque el PP ha basado en las pensiones como lema para atacar al PSOE. Pero hay que recordarle a los ciudadanos que ha habido congelación transitoria de pensiones más altas, pero en ningún momento se han recortado. Se han subido las pensiones no contributivas, se han incrementado las de viudedad y cerca de un 25% las pensiones mínimas.

Además, hay que recordar también que la subida que ha tenido durante los gobiernos del PP ha sido mucho más pequeña que con los gobiernos socialistas. Y hay algo que no nos puede rebatir nunca el PP porque el reconocimiento de pensión a personas que no habían cotizado lo puso en marcha el PSOE hace muchos años. Ahí están las cifras y los pensionistas tienen el papel de lo que cobran en casa.

¿Comparte la postura del PP que dice que se le ha perdido el respeto a los profesores como una merma de la calidad del sistema educativo?

Hasta cierto punto sí. Es un problema de educación de padres. La escuela no es la que tiene que educar, es una tarea de los padres. Muchas veces no somos capaces de ver que son los padres los que desprestigian a los profesores. Si bien, hemos conseguido un sistema educativo muy bueno, que tiene cosas mejorables, pero tenemos unos extraordinarios centros, una oferta educativa de calidad, una garantía de servicio público y una garantía de opción de los padres de elegir un sistema concertado donde lo haya. El sistema educativo no se puede medir en términos de rentabilidad sino en términos de inversión porque es la inversión de futuro y garantiza la igualdad de oportunidades.

El sistema sanitario también preocupa a la ciudadanía. ¿Se ha inventado el PSOE aquello de que el PP está obsesionado con el copago, dado que no aparece en su programa electoral?

No lo van a decir claramente y si lo hicieran sería una torpeza por su parte porque levantarían muchas dudas en la intención de voto. Todos los invitados por parte del PP a la subcomisión del Pacto de Sanidad han introducido el tema del copago. Esa es una voz de alarma y si los asesores del PP son todos esos expertos nos hacen dudar de sus intenciones. Además, en las comunidades autónomas donde gobiernan están haciendo negocio sanitario con la gestión y están poniendo en duda la sostenibilidad del sistema.

Es cierto que hay cosas que se pueden mejorar, pero en algunos sitios lo que va avanzando el PP es cuestionar la insostenibilidad del sistema y la posibilidad de introducir otros elementos de gestión, pero nunca definen cuáles. Dicen que están en contra del copago, pero hay una manera más sibilina de hacerlo, disminuyendo la cartera de servicios. Y algunos los quieren excluir del sistema público. Sin ir más lejos, si a una persona le niegan la posibilidad de someterse a una fecundación in vitro por el sistema público tendrá que pagarla.

¿Está de acuerdo con la postura un tanto ambigua de José Bono a favor de la supresión de la figura del Defensor del Pueblo?

Es un cauce de participación extraordinario porque no todos los ciudadanos pueden recurrir a la vía judicial. Es una vía intermedia antes de judicializar un caso. Es bueno que exista el Defensor del Pueblo y el Centro Económico y Social, pero hay que creer en ellos. El Defensor del Pueblo está justificado en las comunidades autónomas grandes, pero no parece justificado en regiones uniprovinciales. Bono ha aclarado que no tenía por qué haberlo en las 17 comunidades autónomas, pero es una figura incuestionable y una garantía de democracia.