Estrella Cuenca se situó al frente de la marcha. Lo hizo como miembro de la Plataforma por la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y en nombre de su madre -de ochenta años con un trastorno delirante crónico siendo ella su única cuidadora- para que el Gobierno regional cumpla con los pagos y a la hora de valorar el grado de dependencia. La manifestación partió alrededor de las doce del mediodía del Corralillo de San Miguel y aunque el recorrido fue corto -muchas de estas personas van en silla de ruedas- resultó suficiente para que sus reivindicaciones se pudieran escuchar alto y claro. Como ella, otras 200 personas alzaron la voz porque a pesar de que ya se ha realizado el pago del mes de julio, quedan pendientes agosto y septiembre, aseguró su representante Enrique Rivas.

El pasado jueves anunciaban una huelga de hambre, pero también la primera denuncia de toda España por impago si la situación no se soluciona.

Sobre las doce y media llegaba la cabecera a Zocodover presidida por una pancarta en la que se podía leer «no hay dinero para los dependientes, pero sí para los indecentes». También sonaron fuerte los silbatos para protestar por una realidad que consideran «muy grave» como es que «no se esté cumpliendo una Ley que fue aprobada en el Congreso de los Diputados».

En este punto, recordaron que «en Castilla-La Mancha son 40.000 ciudadanos y ciudadanas que no están cobrando». Y sobre todo, los afectados se mostraron especialmente molestos con que se intente politizar este problema. «Es indigno. Se trata de una cuestión de derechos humanos, no de política», aseguran.

Maika Inmedio también estuvo en Zocodover. Ir en silla de ruedas, aclaró, no representa para ella un problema, «simplemente es otra forma de vida». Desde hace cinco años sufre una lesión medular y aunque a ella estos impagos no le afectan -tiene otra pensión de la Seguridad Social- ya forma parte de la lucha que ha emprendido la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.

La nómina mensual de los dependientes de Castilla-La Mancha ronda los 11,7 millones de euros, parte correspondiente a la Junta.