El anuncio llegaba recientemente de la mano de la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, en forma de obligación a que los edificios de más de cuarenta años tengan que pasar una inspección técnica cada quince años, lo que se enmarca dentro de la Ley de Sostenibilidad del Medio Urbano. Como afirmaba la propia Beatriz Corredor, en estos momentos, dicha realidad está poco regulada en la legislación autonómica careciendo de un mínimo denominador común para toda España.

Así, el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de la provincia de Toledo, José Antonio de la Vega, calificó ayer de «muy importante» esta medida emprendida por el Gobierno central de José Luis Rodrígez Zapatero. De hecho, era una demanda que la institución que preside ya le había hecho al anterior equipo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en forma de orden o decreto. Una planteamiento que piensan volver a hacer a la nueva consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, si bien recuerda que se trata de una competencia directamente relacionada con la administración municipal.

Y es que, al margen de responsables, José Antonio de la Vega considera que los edificios que tengan sobre su espalda más de treinta años necesitan una revisión exhaustiva que determine unas posibles patologías que el paso del tiempo no perdona. «A partir de aquí ya se determina cuáles serían las reparaciones necesarias a acometer».

No pasa por alto el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Toledo la «gran dimensión» que tiene el parque inmobiliario de la provincia y cómo también la cifra de inmuebles que superan los cuarenta años «es muy importante no sólo en la capital regional sino también en muchos pueblos».

Además, de la Vega afirma que el emitir un informe acerca del estado en el que se encuentra un edificio «no es costoso». «Luego, quien tiene que hacer frente a los gastos de reparación es el propietario, aunque esto forma parte también de una discusión».

cataluña. Algo similar a lo que ya se ha establecido en Cataluña es lo que piden estos profesionales de la provincia de Toledo. Allí, desde hace poco más de tres meses, un arquitecto o aparejador inspecciona el estado de las viviendas y si detecta deficiencias, lo comunica al Ayuntamiento.