Dos de las viviendas de la promoción de la EMV en La Legua han sido presuntamente alquiladas por sus propietarios, y están funcionando como burdeles. Varias páginas web de internet recogen anuncios de los servicios que allí se ofrecen.
‘Casa Malú’ y ‘Los Ángeles de Charly’ dejan muy claro en su publicidad que están enclavados «en un chalet situado en las afueras de Toledo». Concretamente, el primero de ellos está en la calle Francisco de Pisa. El segundo habla de «un chalet climatizado» y «de lujo», situado en la urbanización La Legua. Ofrecen respectivamente los servicios de «tres amigas jovencitas y españolas, entre 23 y 25 años, que somos nuevas en Toledo», y cuatro chicas.
Otro anuncio de internet llega incluso a ofrecer trabajo en ‘Casa Malú’ a «dos chicas españolas y jóvenes» durante dos días. Advierte que «somos gente seria y el chalet es de lujo», e incluso ofrece la posibilidad a las interesadas de quedarse como trabajadoras fijas. «Si queréis referencias de la casa, buscad comentarios sobre ‘Casa Malú’ o el chalet de La Legua», advierte.
Viviendas de protección. Al margen de las molestias que los dos negocios puedan suponer para los vecinos de La Legua, el principal problema que supone esta situación es que las viviendas de protección no se pueden alquilar sin los correspondientes permisos. Así parece que ha sucedido, a tenor de lo explicado ayer por el vicepresidente de la EMV, Aurelio San Emeterio. Una vez que la Empresa Municipal de la Vivienda ha tenido conocimiento de esta situación, se la ha comunicado a la Concejalía de Seguridad, para que si es necesario tome cartas en el asunto o contacte con la Policía Nacional.
El siguiente paso será poner esta circunstancia en conocimiento de la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de que al menos una de esas viviendas es de protección oficial, y se ha alquilado, incumpliendo la legislación y las obligaciones del adjudicatario. «Y por lo tanto lo vamos a comunicar para que se tomen las medidas oportunas», explicó el edil de IU, quien aseguró que la EMV va a ejercer una labor de control. A partir de ahí, espera que la administración competente, que en este caso es la Junta de Comunidades, también ejerza un mayor control sobre las viviendas de VPO, «porque se están cometiendo fraudes continuamente».
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