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12/03/2010

tribunales

Las defensas piden la anulación de las escuchas por vulnerar la Constitución

Los abogados aseguran que son ilegales porque no existió suficiente «control judicial» y se ha burlado «el secreto de las comunicaciones». Piden la libre absolución para los cinco procesados

latribunadetoledo.es

M.G./Toledo

Las defensas encontraron ayer un buen hilo que devanar durante la última sesión del juicio oral. Los cuatro abogados basaron sus conclusiones definitivas en las famosas escuchas telefónicas, una de las pruebas más importantes de esta vista para confirmar los delitos de tráfico de drogas de los acusados, y pidieron al tribunal su anulación por falta de control judicial en esta intervención. Además, argumentaron que con esta prueba se ha violado el artículo 18 de la Constitución relativo al «secreto de las comunicaciones».
Todos los letrados consideran que los cinco acusados se juegan mucho en esta vista y tienen claro que la instrucción «está viciada» y que no hay ninguna prueba que destruya la presunción de inocencia de los procesados, que han admitido desde el primer día su adicción a la cocaína y que realizaban un consumo compartido. Las defensas solicitaron ayer la absolución para todos ellos y esperan que el tribunal valore su petición porque el guardia civil implicado podría enfrentarse a quince años de prisión por tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. El fiscal también ha propuesto ocho años de prisión para tres de ellos y nueve años para el cuarto por reincidencia, ya que fue condenado por la Audiencia de Jaén a ocho años de cárcel en 1995.

argumentación. El abogado de Jacinto G.G., el guardia civil acusado, insistió en su informe sobre «la ilegalidad» de la intervención de su móvil. Además, explicó que el documento interno policial que dio a conocer la Guardia Civil de Valencia sobre su supuesta implicación no se ha elevado a la sala, ni tampoco se ha realizado las escuchas de las intervenciones telefónicas.
En este sentido, no comprende por qué el fiscal concluye que el guardia civil es responsable de un delito de tráfico de drogas cuando no se ha registrado su domicilio, no se han investigado sus cuentas y no se le ha incautado droga. A su juicio, la presunción de inocencia no se puede alterar por unas escuchas telefónicas que no han sido constrastadas por el juzgado ni han recibido el oportuno control judicial. Además, el abogado aseguró que el efectivo admite que fue consumidor de cocaína en los años 2001 y 2002, y que la había compartido alguna vez con Gregorio, otro de los acusados.
Respecto a los otros dos delitos, su defensa explicó que Jacinto no inicia una investigación extraoficial, pero cuando se entera de que a otro de los acusados le han robado 1,4 kilos de cocaína de su domicilio realiza indagaciones para comprobar si se ha producido la sustracción, algo que pueden hacer los agentes antes de comenzar una investigación formal. El abogado tiene claro que la calificación del fiscal respecto al delito de infidelidad en la custodia de documento y violación de secretos es excesiva, puesto que el agente utilizó los registros policiales para indagar en el asunto, pero «no produjo un daño de orden público», por lo que considera más lógico imponerle una sanción administrativa que la propuesta del fiscal de una pena de tres años de cárcel, una multa de 16 meses con cuota diaria de 20 euros y la suspensión de empleo durante tres años.
Durante la segunda sesión del juicio compareció por videoconferencia el capitán de la Guardia Civil en Talavera, Fernando Platero, que corroboró la versión del acusado porque aseguró que le comunicó verbalmente que estaba realizando unas indagaciones a raíz de la información de un robo antes de informar al comisario de Policía de Toledo.
Los otros tres abogados también centraron sus informes en las escuchas telefónicas y en el «desierto probatorio» de una prueba en la que el Ministerio Fiscal se ha basado para pedir penas muy elevadas. Insistieron en que la droga encontrada en el domicilio de tres encausados, apenas 0,25 gramos de cocaína y 30 gramos de hachís, tampoco prueban que los procesados sean traficantes de droga, puesto que los ingresos en sus cuentas se derivan de facturas laborales.
Al margen de la prueba de las escuchas, los abogados ahondaron en la legalidad del consumo compartido, tal y como han manifestado los procesados durante la vista de estos dos últimos días en la Audiencia Provincial. Por último, la defensa del acusado del almacenaje y la distribución de la droga, pidió que se pare «este desatino» que se ha alargado durante ocho años.    

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