Los negociadores de PP y PSOE reunidos en las Cortes para buscar una solución al Aeropuerto de Ciudad Real
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real ha declarado en «concurso necesario» de acreedores a CR Aeropuertos SL, que explota el aeropuerto Central Ciudad Real, a la vez que ha nombrado a un nuevo Consejo de Administración. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el juzgado, en un auto, declara «la suspensión de CR Aeropuertos SL en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sustituido en su ejercicio por los administradores concursales».
Según indica el alto tribunal «se nombra también a tres administradores concursales: un abogado, un auditor-economista y un acreedor, en este último caso, a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba-Caja Sur».
En el comunicado, el TSJ indica que «por indicación del titular del Juzgado no se facilitan los nombres de dos de los administradores concursales en tanto no hayan aceptado el cargo. Para la aceptación del mismo disponen de cinco días a partir de la comunicación del auto».
El concurso de acreedores contra CR Aeropuertos fue presentada por la empresa Montreal, que reclamaba 17 millones de euros, y la misma se unió Cajasur, que reclamaba a su vez 19 millones de euros.
«No afecta a su funcionamiento»
Respecto a la intervención judicial, el PSOE aseguró que el proceso concursal decretado judicialmente «no afecta en nada al funcionamiento del aeropuerto» ni al «compromiso» del Gobierno con la viabilidad de esta infraestructura, sino sólo a su administración.
Así lo declaró el portavoz socialista en las Cortes, José Molina, a los periodistas al término de la reunión que mantuvieron por la tarde por espacio de dos horas representantes del PSOE y del PP para intentar llegar a un acuerdo sobre la gestión de esta infraestructura y que se celebró teniendo ya conocimiento ambos grupos del auto judicial.
Para Molina, el inicio de un proceso concursal a CR Aeropuertos SL no varía ningún planteamiento del Gobierno, ya que «a nosotros el que haya unos administradores u otros no nos afecta, porque no es un problema de salvar un equipo de administradores, sino de garantizar la infraestructura que tiene una gran capacidad para generar riqueza, empleo y, por lo tanto, un gran interés en nuestra Región».
Lo que sí pone de manifiesto la actuación judicial, en opinión de Molina, era su urgente intervención debido a los problemas que tiene la empresa, pero, dijo quitando importancia a la decisión judicial, «como otras muchísimas empresas que están siendo también declaradas en este mismo sentido, y especialmente las empresas aeronáuticas, porque hay una crisis financiera muy importante que afecta mucho a este sector».
Preguntado acerca de si la concesión del aval de 140 millones solicitado por el PSOE hubiera evitado la intervención, Molina respondió que «no lo sabemos», e insistió en que la intervención «no varía la situación sustancialmente». «La piden una serie de acreedores que están pendientes de un cobro», al tiempo que dijo «que no es una cuestión a plantearnos ahora». «Hay un equipo de administración que ha sido sustituido por un equipo judicial que va a garantizar la gestión diaria del aeropuerto y ordenar cómo van a ser cobradas las deudas».
Para Molina, es una cuestión «sujeta al Estado de derecho» y «no tiene mayor importancia», por lo que afirmó que «no influye en el compromiso que el Gobierno regional tiene sobre este tema y lo que hace falta es que las Cortes puedan tomar una decisión y podamos encontrar vías de solución para el aeropuerto», concluyó.
PSOE y PP se emplazan de nuevo ante la falta de acuerdo
La noticia se hacía pública por la tarde, cuando el ‘cónclave’ del Aeropuerto (cuatro miembros del PSOE y otros cuatro del PP) se reunía en las Cortes al objeto de encontrar una solución ecuánime que garantice la viabilidad de la infraestructura. Tras más de dos horas de deliberación, no hubo fumata blanca.
La próxima reunión tendrá lugar la semana que viene, indicó el portavoz parlamentario del PSOE, José Molina. Un nuevo intento entre ambos partidos para llegar a un acuerdo que, a la luz de las declaraciones de ambos dirigentes ayer por la mañana, parece imposible de alcanzar pese a las buenas intenciones.
El secretario regional del PP, Vicente Tirado, aseguró por la mañana la intención de los ‘populares’ de acudir «con la mejor disposición» a la reunión, a pesar de las formas, que tachaba como ‘chapuzas Barreda’. En este sentido, se refirió a que la respuesta a su burofax del pasado viernes la han recibido a las diez horas de ayer, aunque de la copia entregada por el PP a la prensa se desprende que el escrito de la Junta se envió por fax el viernes, día 28, a las 20,36 horas.
Poco más se ha sabido del PP, pues no quisieron comparecer al término de la reunión para dar a conocer su postura sobre esta negociación. Sí compareció ante los medios el portavoz del PSOE en las Cortes, José Molina, quien reiteró que la propuesta ‘popular’ de expropiar las acciones del aeropuerto «no tiene viabilidad jurídica, seguramente sería más cara y nos metería en un período de incertidumbre bastante grande».
Una aclaración más al PP: «Nuestro compromiso es que en el próximo pleno (previsiblemente tendrá lugar el día 10) se tome una decisión firme e irrenunciable, porque entendemos que lo importante es garantizar la viabilidad del aeropuerto».
En la reunión participaron el consejero de Presidencia, Santiago Moreno, el de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, el secretario de Organización del PSOE, José Manuel Caballero, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina. Mientras que por parte del PP estuvieron presentes Ana Guarinos, Marcial Marín, Leandro Esteban y José Luis Teruel.
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