Julián Sánchez Pingarrón, consejero de Ordenación del Territorio.
A los 650 millones de euros que acompañan al V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, hay que sumar otros 50 millones más que el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa ha concedido a Castilla-La Mancha para financiar la construcción de viviendas protegidas. Así lo anunció ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, durante el debate sobre el V Plan regional. Subrayó además que será José María Barreda quien firme en las próximas semanas «este importante acuerdo» que permitirá contar con más recursos para facilitar a los castellano-manchegos el acceso a la vivienda.
Pingarrón mostró su satisfacción con la puesta en marcha de este plan, ya que, a su juicio, da respuesta a los problemas derivados de la crisis económica. Generará, continuó, 42.000 puestos de trabajo, lo que «ayudará a paliar los efectos de la crisis económica en el empleo de la construcción y de las industrias auxiliares». Asimismo, refleja medidas para eliminar el ‘stock’ de vivienda, «cuidar a los colectivos más necesitados», fomentar el alquiler y recuperar zonas urbanas degradadas.
Por otro lado, recordó que se ha conseguido que el Ministerio de Vivienda incremente en un 55 por ciento los fondos asignados respecto al anterior plan, por lo que «algo estaremos haciendo bien», ironizó.
El debate constituyó un nuevo enfrentamiento entre los diputados albaceteños José Molina (PSOE) y Marcial Marín (PP) y concluyó con la aprobación de una resolución de apoyo a este plan votada por los socialistas y rechazadas por los populares.
Molina recriminó a la bancada popular que acudiera al pleno con la intención de «destrozar» el plan y sin aportar «ni una sola idea», por lo que se preguntó que cuál es el modelo de vivienda que propugna el PP. Una pregunta que él mismo se contestó, recordando que cuando los populares gobernaban en España «se construyenron de media 2.000 viviendas al año en CLM. Desde que nosotros gobernamos hecho construido 5.300 viviendas con cargos oficiales».
El pleno aprobó ayer también por unanimidad la ley de regulación de la tasa para la concesión de la etiqueta ecológica, cuya cuantía se ha fijado en 200 euros por solicitud. Con los votos a favor del PSOE y el PP, el pleno dio el visto bueno a la citada ley que viene a desarrollar las previsiones comunitarias relativas al canon por concesión de la etiqueta ecológica, destinada a promover productos y servicios que puedan reducir los efectos ambientales adversos. Con la concesión de la etiqueta ecológica se pretende contribuir al uso eficaz de los recursos y proteger el medio ambiente.
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