El gerente del Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, indicó que en provincias como Ciudad Real o Toledo las resoluciones a las solicitudes de personas dependientes puede llegar a tardar «hasta un año». Mientras, en Cuenca o Guadalajara se resuelven en «tres o cuatro meses», apuntó.
No obstante, se mostró convencido de que a partir de marzo la Junta reducirá los plazos de resolución de solicitudes a seis meses, tal y como acordaron las comunidades y el Gobierno el pasado 25 de enero el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia siguiendo las pautas que marca la ley.
Según explicó, en Castilla-La Mancha ese compromiso de reducir ese tiempo de espera a seis meses ya se adquirió en noviembre después de que el Cermi trasladara a la Junta sus propuestas para la mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia. Esta orden entraría en vigor a partir a los cuatro meses, es decir en marzo. Se trata, según dijo, de «simplificar al máximo los trámites desde que se solicita el reconocimiento de dependencia hasta que se resuelve». En este espacio de tiempo, un equipo de valoración acude al domicilio desde el que se ha pedido la prestación y, con ese informe, se elabora una resolución.
Romero hizo una valoración positiva de la «apuesta» del Gobierno regional por las políticas sociales al considerar que los presupuestos destinados tanto a dependientes como a discapacitados son «importantes».
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