José María Barreda, durante el pleno donde se debatió la posición de CLM sobre el ATC
«Las Cortes de Castilla-La Mancha consideran que no debe instalarse ningún almacén nuclear temporal, en Castilla-La Mancha, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus municipios». Ésta es la breve propuesta de resolución que el Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en pleno a fin de manifestar su oposición a la instalación de un ATC en Castilla-La Mancha. Una resolución calcada, palabra por palabra, de unas declaraciones que María Dolores de Cospedal realizó el pasado 19 de enero en Ciudad Real y con la que el PSOE pretendía alcanzar un acuerdo al tratarse de «un denominador común» en el que todos podían coincidir.
Por contra, la propuesta de resolución del PP, lamentó José María Barreda que subió a la tribuna hasta en cuatro ocasiones, «sólo ha sido una «sucesión de reproches muy difícil de asumir». Una propuesta de resolución popular que no estaba prevista y que obligó al presidente de las Cortes a hacer un receso de cinco minutos para poder estudiarla y calificarla. Transcurrido ese tiempo, los 47 diputados presentes en el Parlamento regional retomaron sus asientos y se dispusieron a votar.
Tras presenciar un ataque continuo de reproches entre ambos partidos, el consenso no llegó. El PSOE, que votó finalmente en contra de la resolución del PP, tendió la mano a la oposición y condicionó su voto a favor si los populares retiraban de su proposición todos los juicios de valor existentes y se ceñían a los dos últimos párrafos: «Que en el momento actual no concurren estos requisitos en ninguna de las tres provincias correspondientes a los municipios que han presentado candidaturas».
Dicha propuesta, de cuatro folios y que fue rechazada por la mayoría socialista, contenía un rechazo a las tres candidaturas presentadas por Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Villar del Pozo (Ciudad Real).
En ella, el PP pretendía que las Cortes regionales instaran al Gobierno de España a determinar la ubicación del ATC «cumpliendo los requisitos de la normativa vigente», entre los que cita «el consenso político y social».
Mano tendida
El portavoz socialista, Santiago Moreno, ofreció al PP apoyar esa parte de su propuesta, pero no «las falsedades y juicios de valor», que, en su opinión, contiene el resto de la resolución del principal partido de la oposición.
La iniciativa del PP responsabilizaba al Gobierno central de la situación «por la falta de definición de una política clara» y criticaba las «contradicciones, la falta de coherencia y el oportunismo político» del PSOE y de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha.
Al respecto, Moreno, empleando su habitual locuacidad, tan sólo aseveró: «No estaríamos en este pleno si tres de sus ayuntamientos no hubieran solicitado el ATC».
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