La guerra del agua va camino de convertirse también en una guerra judicial. La portavoz del Gobierno regional informó ayer de la intención de presentar dos recursos contencioso-administrativos contra decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura. En concreto, estos recursos llegarán al Tribunal Supremo y afectan a los acuerdos emitidos los días 20 de enero y 11 de febrero por dos órganos de la CHS.
«Nuestro compromiso es defender los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua», explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Entre las decisiones recurridas por la Junta figura la intención de mantener abiertos los conocidos como pozos de sequía, es decir sondeos de emergencia de aguas subterráneas.
Un pozo de sequía está destinado a extraer agua de un acuífero subterráneo y bombearla al río llevándola así a zonas mas deficitarias. Esta figura permite, por ejemplo, abrir un pozo en Albacete y verter el agua en el Segura para que llegue hasta los regantes del Levante. La Junta de Comunidades también ha recurrido la prórroga de las restricciones que se aplicaron en el año hidrológico 2007-08 y que establece un nivel inicial de reducción de dotaciones del 50 por ciento.
Decreto anulado.
Toda la argumentación de la Junta se basa en que la Confederación Hidrográfica del Segura se ampara en un Real Decreto que ya está anulado. Un Real Decreto que, adoptado por el Consejo de Ministros ante la sequía, otorgaba a los órganos rectores de las Confederaciones Hidrográficas de las cuencas del Júcar, Tajo y Segura un elenco de facultades extraordinarias para afrontar una situación de sequía excepcional.
La Junta decidió recurrir este decreto y consiguió que a finales del pasado año el Tribunal Supremo lo anulara porque no cumplía el requisito de haber oído a las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas antes de su elaboración. Con este decreto anulado, ahora el Gobierno regional recurre las últimas decisiones provenientes de la cuenca del Segura que perjudican a Castilla-La Mancha y que se tomaron amparándose en un texto rechazado por el Supremo y una vez que se conocía esta derogación.
Y ya van 26
Con los dos recursos que ayer anunció el Gobierno regional, ya son 26 los que ha presentado la Administración autonómica en materia hidrológica al Tribunal Supremo desde el año 2005. En esta corta, pero intensa vida judicial, la Junta ha presentado recursos contra decisiones de la Confederación Hidrográfica del Segura, contra trasvases para regadíos aprobados por el Consejo de Ministros y también contra el Real Decreto de "medidas excepcionales" que se aprobó para la sequía y que el Supremo ha anulado dando la razón a Castilla-La Mancha.
La portavoz del Gobierno Regional, Isabel Rodríguez, aseguró que en todos los casos se han presentado recursos «sobre decisiones que afectan a la Región en materia de agua». En su opinión, la "beligerancia jurídica" de Castilla-La Mancha no es exagerada y advirtió de que continuarán empleando esta vía: «Seguiremos interponiendo los recursos que sean necesarios con tal de defender los intereses de nuestra Región».