La condición que pone antes de tocar ningún impuesto, tasa o precio público es «no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria» y ya tiene elaborado un estudio comparativo. Los plazos corren deprisa porque los funcionarios empiezan en verano a recabar datos para elaborar tasas e impuestos con vistas a 2017 y el IPC que se aplica es el de agosto.