La prioridad en la lucha contra la despoblación es la cobertura de banda ancha y de telefonía móvil en todos los territorios afectados para incentivar la actividad económica. Así lo cree el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, para quien es fundamental reducir la brecha digital con las ciudades. «Las nuevas tecnologías son claves», afirmó ayer incidiendo en la necesidad de cambiar el sistema de financiación para que la dispersión sea un factor determinante a la hora de garantizar unos servicios esenciales. «Faltan fondos para abordar determinados problemas estructurales», apostilló.
En este sentido, exigió estudios acerca del impacto sobre la demografía de las medidas legislativas y los planes de actuación que se aprueben para poder «prever las futuras consecuencias negativas». «Si se hubiera hecho con la Ley General de Telecomunicaciones, se habría visto que esa normativa agrandaría la brecha digital entre el medio rural y el urbano», según puso de manifiesto al término de la reunión del Grupo Institucional de la Estrategia Frente al Reto Demográfico, en el que están integradas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en representación de las entidades locales.
En el encuentro, celebrado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y presidido por la comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha también apostó por «mejorar las comunicaciones, sobre todo en materia de transporte público, y garantizar los suministros eléctricos». Y todo ello en el marco de una estrategia nacional con «criterios uniformes» en la que «se delimiten las zonas afectadas» por esta pérdida masiva de habitantes. Una batería de actuaciones que será presentada en la primavera de 2019 y que, al margen de la despoblación, también abordará el envejecimiento y los efectos de la dispersión y la población flotante.
INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA.
Martínez Guijarro recordó que Castilla-La Mancha cuenta con cinco áreas geográficas con necesidades específicas de desarrollo, incluidas en una Inversión Territorial Integrada (ITI) que persigue su recuperación sociodemográfica por medio de tres vectores de desarrollo: digitalización del medio rural, fomento de la actividad económica y aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles. Abarca a 623 municipios especialmente deprimidos que suman casi el 68 por ciento del total de la región, aunque su peso demográfico es del 17 por ciento. En Cuenca la iniciativa afecta a 238 pueblos de menos de 2.000 habitantes, mientras que en Guadalajara a todos los municipios excepto a los del Corredor del Henares (262). Por su parte, incluye a la comarca toledana de Talavera de la Reina (60), a las Sierras de Alcaraz y Segura de Albacete (37), así como a las zonas de Almadén y Campo de Montiel en Ciudad Real (26).
La comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, destacó que el cambio demográfico es uno de los grandes retos a los que se enfrenta España porque, en sus propias palabras, afecta a equilibrios económicos, sociales, culturales y territoriales. “Es necesario que todos compartamos su diagnóstico, tanto por la proximidad como por la urgencia”, aseguró en una llamada a la implicación de todas las administraciones públicas.
GARANTÍA DE IGUALDAD.
A este respecto, hizo hincapié en que todas las propuestas que se planteen «se centrarán en las personas» y estarán dirigidas a «garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos y al ejercicio de los derechos sociales y económicos de los españoles que vive en los territorios más afectados por los riesgos demográficos».
En la constitución del Grupo Institucional, el pasado 27 de septiembre, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ya marcó también el principal objetivo de la estrategia nacional frente al reto demográfico: «Que los ciudadanos y ciudadanas, en cualquier pueblo o ciudad, sean jóvenes o mayores, no van a ser discriminados en ningún caso por el lugar donde viven en la prestación de los servicios públicos».