El Gobierno municipal de Toledo no se moja sobre el despido de una trabajadora del servicio de limpieza de los colegios públicos que el juzgado declaró improcedente. Inés Sandoval, viceportavoz del bipartito, reduce todo a una disputa entre dos partes a las que siente igual de alejadas.

Afirma que «la contrata es una empresa que tiene el poder de dirección, el poder de organización y por supuesto es la responsable de gestionar este servicio con sus trabajadores marcando horarios, marcando disponibilidad y prioridades. Pero también es cierto que estás ofreciendo un servicio municipal y que nosotros como Ayuntamiento no nos podemos desentender».

Prueba de ello es «que en el pliego nuevo que hicimos con esta contrata contemplábamos en primer lugar la subrogación de los trabajadores y en segundo lugar que se cumpla el convenio colectivo de aplicación. Esos son los mínimos, que creo que son bastante, que establece el Ayuntamiento de Toledo para que los  trabajadores puedan desarrollar su trabajo conforme a lo que se establece en el convenio colectivo de aplicación».

En este caso «corresponde a la empresa y no a otra persona, y no a otra entidad ni institución, quien tiene que decidir si efectivamente se recurre o no (la sentencia)» pero cree que, si «tiene previsto recurrir, pues sus argumentos tendrán y será el juzgado quien resuelva».

En cuanto a su opinión sobre el despido asegura que con el discurso anterior «ya se la he dicho. Nosotros a la hora del pliego dejamos claro el interés por la subrogación de todos y la aplicación del convenio», aunque la realidad a la que no contesta es a ese despido.

«Afortunadamente estamos en un estado de derecho donde cuándo se incumple podemos acudir a los tribunales. Este es despido improcedente y la empresa tendrá que asumirlo». Además, desconoce si se han utilizado los 50.000 euros disponibles para contratar un supervisor: «no le puedo decir», concluye.