El alcalde de Magán, José Luis Martínez, ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Toledo contra la ex alcaldesa del PSOE, Carmen Pedraja Nieto. Según informó el edil en el último pleno, el Partido Popular y el Grupo Independiente habían detectado «una gravísima ilegalidad» respecto a la gestión de la anterior alcaldesa del PSOE que podría suponer «un presunto delito de prevaricación».
Así, según informan desde el PP, los hechos puestos en conocimiento de la justicia se deben a la existencia de un informe jurídico de la Secretaria-Interventora Municipal, relativo a la ausencia de todo procedimiento legal para «realizar una importante contratación desde el Ayuntamiento por importe de 130.253,40 euros, para la prestación de un servicio público por periodo de 3 años con una empresa de gestión de Escuelas Deportivas».
Apunta el PP que el informe de expresa que la contratación realizada «no ha sido fiscalizada por esta Secretaría-Intervención» reseñando que «se apartó a la funcionaria de todos los trámites de preparación y suscripción del contrato».
Al parecer, acusan los ‘popuplares’, la exalcaldesa decidió denominar al contrato administrativo ‘convenio’ para evitar así licitar públicamente el mismo y otorgarlo «a dedo». En este sentido, señalan que la funcionaria municipal indica en su informe que «el servicio de gestión de las escuelas deportivas del municipio debía haberse tramitado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público debiendo realizar una licitación al ser su importe muy superior al límite del contrato menor (18.000) y estando prohibido para los contratos menores su duración por plazo superior a un año».
La denuncia ha sido interpuesta a título particular por el alcalde de Magán, José Luis Martínez, «para no ocasionar ningún gasto jurídico al Ayuntamiento».
La contratación fue realizada el día 1 de agosto de 2017 para un periodo de 3 años, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que proceder con los trámites legales para la anulación del mismo, que tal como afirma el alcalde «afortunadamente se ha realizado por mutuo acuerdo de las partes, pues de otra forma el Ayuntamiento podría incluso haber incurrido en penalizaciones económicas debido al clausulado de denominado convenio. Además, el Ayuntamiento, tuvo que esperar al final de la temporada para anular el contrato y no perjudicar a los usuarios».