Los jurídicos de la Cámara deberán dictaminar si la marcha del consejero de Hacienda de aquella sesión se puede entender cómo su finalización, como plantean los grupos del Gobierno, o no está amparada por el reglamento y debe retornar a ella, como sostiene la oposición 'popular'. También deberán pronunciarse sobre si el presidente de las Cortes o la Mesa pueden dar por finalizada aquella sesión.