El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, escenificaban hace unos días su acuerdo sobre el contenido de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que la formación morada diera su apoyo a los mismos. Una lectura de esos compromisos pone de manifiesto que el sector agrario en su conjunto no es una actividad prioritaria y que desde los urbanitas morados las exigencias son prácticamente inexistentes en coste y en nuevas disposiciones.

En ese documento se introducen compromisos importantes sobre todo tipo de medidas sociales y económicas muy electoralistas con un coste entre los 6.000 y los 7.000 millones de euros y la presencia concreta del sector agrario tiene un marcado carácter testimonial. Y es que el campo se va quedando sin votos para todos los partidos.

El acuerdo recoge la necesidad de un mayor desarrollo de la Ley de Titularidad Compartida que desde su puesta en marcha en 2011 apenas si se ha desarrollado. Luis Planas tiene entre sus prioridades el apoyo a la mujer rural y la lucha contra el despoblamiento. No se sabe cuál puede ser el impacto en el sector de las modificaciones planteadas en cotizaciones para los autónomos agrarios. En materia de energía, todo se limita a contemplar la posibilidad de una reducción del porcentaje del importe del término potencia en la factura de la luz, algo especialmente grave para los regadíos.

En el acuerdo aparece el problema del despoblamiento del medio, algo que se liquida con la decisión de montar oficinas de información, como si las causas del problema fueran un secreto. Como medida de apoyo a la agricultura de proximidad y ecológica, se contempla la posibilidad de que las entidades públicas contraten sus compras con este tipo de agricultores.

Ante el momento clave que está viviendo el conjunto de la actividad económica más globalizada y los cambios en la propia PAC, se impone disponer de un sector agrario más moderno y competitivo. En esa línea, son indispensables inversiones muy elevadas en infraestructuras, un mayor apoyo a los regadíos como única apuesta para poder competir en el futuro, la reestructuración de sectores en crisis...

A un tiro de piedra para negociar la nueva reforma de la PAC, donde serían necesarios más recursos de cada país para mantener las ayudas, llama igualmente la atención que en el acuerdo no se haga ninguna referencia a ese asunto. Los socialistas ya han dicho que están dispuestos a aportar más fondos más allá del 1% del PIB, pero se les pasó a los de Podemos.

Junto a las medidas de inversión, el sector agrario tiene actualmente sobre la mesa dos disposiciones por las que viene reclamando una salida en los últimos años. Una es la necesidad de lograr un equilibrio en la cadena alimentaria , pero donde es necesaria una nueva disposición para luchar contra la venta a pérdidas. En esa línea cabe señalar la decisión de Agricultura de aprobar antes de fin de año una nueva disposición para perseguir y sancionar dichas prácticas abusivas.

Otra de las demandas pendientes se halla en la posibilidad de que los agricultores de regadíos puedan dejar de pagar con unos contratos de temporada el importe del término potencia una parte del año. La Administración anterior socialista y la última de los populares lo intentaron y no lo consiguieron por el poder omnipresente de las eléctricas a todas las instancias. En este momento, la Administración agraria ha recogido las ideas del Ministerio de la Transición y parece que ha renunciado a esa guerra considerando que el futuro ya no pasaría por la luz tradicional ni por el gasóleo, sino por las energías renovables.

A nivel general, el pacto apuesta por volver a una sanidad universal, un gran avance para cubrir necesidades de inmigrantes o retornados, mientras no hay un apunte de soluciones para esos miles de ciudadanos que viven en esos cientos de pueblos semiabandonados en el medio rural y que disponen de un médico un día a la semana y sin posibilidad de transporte para enfermos no urgentes. No hay ninguna idea seria para frenar el actual despoblamiento y, sobre todo para captar nuevos habitantes. Como señalaba recientemente el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha Francisco Martínez, la mejor medicina contra el despoblamiento es la actividad, incentivar la inversión en el medio aplicando medidas de fiscalidad, rebajas impositivas, dar un plus en las ayudas PAC a los agricultores y ganaderos que vivan en el medio, así como a las industrias que se instalen en el campo.

El acuerdo contempla medidas importantes en materia de apoyos a la educación desde la enseñanza superior hasta las escuelas infantiles para edades de hasta los tres años, pero en ningún caso esas medidas se plantean desde la perspectiva de la problemática de los habitantes del medio rural. Son inviables.