Con esta nueva Ley, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende "normalizar" la situación de estas situaciones de derecho público, agrava, concretamente, en el caso de las Cámaras de Guadalajara y Albacete, aunque esta última parece ir levantando poco a poco la cabeza. Está esperando la nueva norma como agua de mayo para convocar elecciones y recuperar la normalidad.