El Gobierno enviará dentro de dos semanas a las Cortes Generales la propuesta de reforma de la Constitución Española para restringir los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores después de que el Consejo de Estado diera el pasado jueves el aval a su contenido.

Así, la portavoz del Gabinete central, Isabel Celaá, anunció que será en la reunión del Consejo de Ministros del próximo 30 de noviembre cuando se apruebe la propuesta y se remita al Congreso para que comience su tramitación parlamentaria.

En la rueda de prensa posterior a la cita del equipo de Pedro Sánchez, la vasca se congratuló de que el máximo órgano consultivo haya respaldado «muy mayoritariamente» el planteamiento del Ejecutivo de limitar los aforamientos «exclusivamente al ejercicio de la actuación constitucional» de los miembros del Gobierno, diputados y senadores.

Una vez recibido el dictamen que el Consejo de Estado terminó de redactar, la socialista señaló que Moncloa tiene que estudiarlo, si bien garantizó que se aprobará antes de que finalice noviembre, como se comprometió hace unos días el presidente.

De todos modos, Celaá no dio pistas de si el Ejecutivo incluirá en la reforma constitucional la recomendación del Consejo de Estado de extender las limitaciones de los aforamientos a los diputados autonómicos, que no se rigen por la Carta Magna, sino por las normas de cada comunidad autónoma.

«Dentro de 15 días tendrán cumplida información. Debemos estudiar el informe y adoptar un acuerdo», se limitó a decir la portavoz.

Yes que el dictamen de la institución que lidera María Teresa Fernández de la Vega cree conveniente que el Gobierno o las Cortes impulsen cambios legales «en el plazo de un año» para homogeneizar el régimen procesal que regula los aforamientos de los parlamentarios autonómicos, así como el de jueces, fiscales y policías.