De momento, desaconsejan la vía judicial, porque todavía no hay jurisprudencia sobre el tema. Esta reclamación se centraría en el retorno de los gastos de notario y de registro de la hipoteca, que no tiene porque pagarlos el consumidor. También se incluiría en esta reclamación el impuesto sobre actos jurídicos documentados, aunque en este punto la correspondencia del pago no está clara.